Un
Estado de Derecho es donde la ley es el instrumento preferente para guiar la
conducta de los ciudadanos. Por cierto la transparencia, la predictibilidad y
la generalidad, están implícitas en él.
Esto
conlleva a que se facilite las interacciones humanas, permite la prevención y
solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos, y ayuda también al
desarrollo económico sostenible y a la paz social.
Para
tener un Estado de Derecho efectivo es necesario: que el derecho sea el
principal instrumento de gobierno; que la ley sea capaz de guiar la conducta
humana; que los poderes la interpreten y apliquen congruentemente, evitando lo
más posible las distorsiones.
Para
garantizar la democracia es indispensable el respeto a las instituciones
públicas y privadas puesto que la institucionalidad del Estado es el corazón de
vida para salvaguardar las garantías de una democracia transparente, justa y
equitativa en igualdad de condiciones con los seres humanos y es en donde el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha luchado desde su creación por
una institucionalidad con democracia , instando a las autoridades y al pueblo
en general a defender la soberanía para preservar el respeto irrestricto y sin
discriminación de la integridad personal y demás derechos consagrados en la
Constitución de la República.
Si
tomamos en cuenta que una de las características del Estado de Derecho es la
división de poderes, independientes, complementarios y no subordinados entre
sí, actualmente, en el país, esta no se cumple, cuando a diario el Poder
Ejecutivo, se involucra o pretende la sumisión de los otros poderes del Estado.
Sin
embargo, para el CONADEH, la institucionalidad
no se respeta y se debilita por el clientelismo y la politización ya que cada
cuatro años se despide y contrata nuevo personal en las diferentes
instituciones del Estado, no habiendo continuidad en la planificación y
ejecución de labores enmarcadas en el Plan de Nación y Visión de País.
Lo
anterior se refleja en la lucha por la institucionalidad que el CONADEH realiza
en los casos en donde haya negligencia, ilegalidad, abuso de poder, omisión por
parte de la autoridad y en los que interviene ya sea de oficio o a petición de
la persona que solicita nuestros servicios, con el propósito de restituir el
derecho violentado.
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