La institucionalidad del Estado, una luz de esperanza

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ve con honda preocupación la multiplicidad de escenarios y formas de violencia política, que nos han conducido a la confrontación intransigente de las partes, sin diálogo ni perspectiva para que la razón de las partes pueda ser escuchada.

Así se explica que una maestra perdió la vida, tres soldados han resultado con quemaduras, un grupo de maestros fueron privados de su libertad y todo indica que la confrontación continuará.

Sin embargo, en medio de la tempestad se ha encendido una luz de esperanza, emanada desde la institucionalidad del Estado, que nos ilumina con el mensaje de que hay respuestas para quienes saben ejercer la exigibilidad de sus derechos.      

En el año 2001 los médicos que participaron en un concurso para aspirar a una plaza en el sistema de salud del Estado, denunciaron que a pesar de haber ganado legítimamente sus plazas estaban siendo afectados, cuando esas plazas estaban siendo asignadas a otros profesionales que no llenaban los requisitos, y por ello recurrieron a la vía administrativa para su reclamo.

Luego de tener conocimiento de el caso, el 17 de junio de 2002, el CONADEH emitió la resolución No. 02-2001, recomendando a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud que honrara su obligación de crear y otorgar las plazas según el Acuerdo suscrito entre el Colegio Médico de Honduras y los secretarios de Salud, Finanzas y el de la Presidencia de la República.

También se recomendó que en  la creación de plazas, la Secretaría de Salud procediera de acuerdo a las leyes administrativas y que no asumiera compromisos de tal importancia y magnitud, que a la larga comprometieran al Estado, ya que su incumplimiento lo hacia responsable en el orden nacional e internacional.

Se le recomendó además, que girara instrucciones al departamento legal de dicha Secretaría para que subsanara los errores, en caso de haberse obviado requisitos de forma en el procedimiento de creación de plazas y en el nombramiento de una comisión de selección para dicho concurso.

Ante el incumplimiento por parte de dicha Secretaria de Estado, los médicos afectados hicieron uso de la institucionalidad jurídica del Estado e interpusieron la demanda respectiva en el tribunal correspondiente.

Precisamente, el  28 de marzo de 2011 el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo sentenció  que la Secretaría de Salud deberá pagar una millonaria indemnización a los médicos afectados.

Pongo de ejemplo el caso anterior porque en lo relativo a la crisis educativa, el 18 de abril de 2002, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado público, tanto al gobierno como a la dirigencia magisterial, a mantener la cordura y la reflexión.

Invité a las partes para que enmarcaran su conducta dentro de la institucionalidad jurídica del Estado, como único medio para evitar el autoritarismo y el desorden público que tanto daño le han hecho al pueblo hondureño.

Hemos reiterado que Los artículos 78 y 79 de la Constitución de la República  garantizan la libertad de asociación y el derecho de reunión, respectivamente, siempre que sean lícitamente ejercidos en forma pacífica y sin armas. Estos derechos se continuarán respetando siempre y cuando no se destruya la propiedad pública que nos pertenece a todos y la propiedad privada cuyos dueños también tienen sus derechos legítimos a  ella.

Una vez más, el CONADEH deja constancia histórica, ante la comunidad nacional e internacional, que siempre ha instado a las partes en conflicto a recurrir a las instancias administrativas propias del Estado de derecho.

En momentos en que Honduras vive una crisis en el sistema educativo, en la que toman protagonismo numerosas partes dedicadas a crear un clima de inestabilidad política, el CONADEH vuelve a instar tanto a la dirigencia magisterial como al Poder Ejecutivo a retomar el diálogo y encaminar sus esfuerzos por la senda de la paz y la tranquilidad evitando el sacrificio de vidas humanas por ambas partes.

Exhorta a todos los manifestantes y a los cuerpos de seguridad del Estado para que se abstengan de utilizar la violencia, ya que vivimos en un Estado de derecho, cuya preservación es obligación de todos.

En Honduras, hombres y mujeres, tenemos derecho a vivir sin violencia, de modo que, tanto el gremio magisterial como los cuerpos de seguridad del Estado deben mantener la cordura en sus respectivos ámbitos, sin sumar nuestra violencia a los que la propician desde otros ámbitos.