El informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) correspondiente al año 2010 da cuenta histórica de la transición de un gobierno considerado provisional por unos hondureños y calificado de golpista por otros hondureños, a un gobierno resultado de elecciones generales y que tomó posesión el 27 de enero, integrándose entonces un nuevo Poder Ejecutivo y un nuevo Poder Legislativo, controlados ambos por el Partido Nacional.
Lamentablemente la opinión polarizada de la ciudadanía hondureña se proyectó sobre este nuevo gobierno y tuvo también su equivalente en los países y pueblos del mundo que se relacionan con Honduras, de modo que gran parte de la política exterior del nuevo gobierno estuvo dedicada a ganarse el reconocimiento de los gobiernos que lo habían retirado, y a ganar los espacios perdidos en foros regionales e internacionales, cerrados a toda Honduras por intereses de la geopolítica más que por la ética de otros Estados.
Inmediatamente, el recién ungido Presidente de la República protagonizó su primer acto político, que resultó muy notorio al acompañar al ex-presidente Manuel Zelaya Rosales desde su controversial domicilio en la Embajada del Brasil en Tegucigalpa hasta el avión del Presidente de la República Dominicana, habiéndose comprometido a su retorno sin juicios de ninguna clase, aun por los asuntos excluidos de la amnistía política.
El Poder Ejecutivo integró un equipo de gobierno con personas de toda la gama política, como parte de un llamado a la reconciliación nacional, incluidos los del sector político que desconocen al nuevo gobierno, por considerarlo como una continuidad de los que depusieron a Zelaya y que siguen exigiendo además de sus tesis políticas equivocadas, el regreso incondicional de él. En pocas palabras, de los que desconocen todavía la voluntad libremente expresada por la ciudadanía en las elecciones generales de noviembre del 2009, las mismas que no hubieran tenido lugar según los planes de Zelaya y sus seguidores.
Ante la exigencia de la ciudadanía que quiso saber exactamente lo que debe entenderse por el “Humanismo Cristiano” del que habla el oficialismo, el Poder Ejecutivo distribuyó ampliamente el texto de la Doctrina Social de la Iglesia, aun cuando a finales del año salió con la iniciativa de las “Ciudades Charter”, a las que la ley aprobada a “rajatabla” llama RED (Regiones Especiales de Desarrollo), que según algunos son parte del Capitalismo Salvaje.
La misma iniciativa, con escasa oposición, conlleva reformas constitucionales que de hecho cambian la forma republicana de gobierno, las atribuciones de los poderes del Estado, la integridad territorial y como si fuera poco la soberanía nacional.
Igual contradicción tiene la iniciativa del Poder Ejecutivo, que creó dos nuevas Secretarías de Estado y modificó la tercera, dizque para demostrarle al mundo su interés por los derechos humanos mediante una asesoría subalterna.
Invocando la potestad del Poder Ejecutivo como administrador general del Estado, esta ley delega indebidamente la atribución 24 del titular de este Poder para indultar penas conforme a ley, entre otras ilegalidades. A pesar de esta acción inanalizable, por absurda, la institución CONADEH sigue manteniendo una actitud de cordura ante otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
La tolerancia extrema, que redunda en verdadera permisividad, es practicada sobre todo con los que están de acuerdo con las políticas oficiales o se benefician de ellas, mientras ese mismo oficialismo es duro al extremo en las decisiones contra los que legítimamente ejercen el derecho a la crítica por medio de la libertad de pensamiento y de expresión, llegando incluso al abuso de aplicar en contra de alguien la atribución 38 del artículo 245 de la Constitución de la República, para la cancelación arbitraria de cartas de naturalización debidamente autorizadas conforme a ley. El CONADEH le da acompañamiento a la víctima, tal y como lo señala su Ley Orgánica.
Dejamos constancia ante el pueblo hondureño que desde que fue instalada la Comisión de la Verdad, ésta ha tenido el apoyo de casi todos los sectores llamados, incluido el CONADEH, porque todo el personal y nuestra base de datos estuvo a su entera disposición, cuando y en todos los lugares escogidos por aquella.
Es evidente la agenda política compartida por dos de los Poderes del Estado en contra del Poder Judicial, lo cual violenta la norma constitucional de los pesos y contrapesos cuando los poderes son complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación, y se hace ostentación de una apología para ponerle fin a la norma de la obligatoria alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, como dicta el artículo 4 de la Constitución vigente.
El titular del CONADEH está consciente del texto constitucional vigente, el que ha sido reformado sin apego al procedimiento señalado por la misma Constitución y, en consecuencia, no habrá poder del mundo que lo haga alquilar o vender su conciencia para someterse a la arbitrariedad.
